• Esta ley establece como causales de expulsión el uso y porte de armas, el daño a la integridad física y psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar y a terceros dentro del recinto.
  

El Seremi de Gobierno de Ñuble, Renán Cabezas, destacó la promulgación de la ley Aula Segura realizada por el Presidente Sebastián Piñera durante esta jornada de miércoles.

La autoridad local señaló que “este proyecto es bien acogido en la Región de Ñuble. Si bien no tenemos grandes casos de violencia al interior de los establecimientos, claramente es un tremendo resguardo para los profesores, para la comunidad educativa y para los estudiantes”.

Agregó que esta ley “establece como causales de expulsión el uso y porte de armas, el daño a la integridad física y psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar y a terceros dentro del recinto, agresiones sexuales y los daños realizados a la infraestructura del establecimiento”.

Frente a estos casos, el director estará obligado a iniciar un proceso sancionatorio según esté establecido en la ley, reglamentos y estatutos. Durante el proceso, contará con la facultad de suspender al alumno como medida cautelar, lo que evitará que la víctima de la agresión deba convivir con su victimario. Deberá informar sobre esta medida cautelar y sus fundamentos tanto al estudiante como a sus padres, y tendrá 10 días para resolver el procedimiento sancionatorio.

En tanto, el Seremi de Educación, Felipe Rossler dijo que “estamos muy contentos por la promulgación de esta ley, de una vez por todas no habrá ningún espacio para la violencia dentro de los establecimientos y por fin estamos volviendo a respetar a nuestros docentes, directivos, a los asistentes de la educación. Es una señal clara para aquellos que quieren perturbar los ambientes educacionales”.

El procedimiento respetará el debido proceso, dándole al implicado la oportunidad de defenderse y solicitar la reconsideración de la medida dentro de los 5 días contados desde la notificación.

Adicionalmente, la Seremi de Educación deberá velar por la reubicación del estudiante en establecimientos que cuenten con apoyo psicosocial, adoptará las medidas necesarias para su adecuada inserción en la comunidad escolar e informará a la Defensoría de los Derechos de la Niñez de cada proceso sancionatorio que implique la expulsión de un menor.